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En este blog, ofrecemos una vista preliminar y reducida del artículo escrito por Gil Manuel Perea Crespillo, abogado asociado del área de Derecho Público de BROSETA, para el séptimo número de la Revista Digital «ELEX INSIGHT», bajo el título original «Régimen de colaboración entre las Administraciones para la instalación o explotación de las redes públicas de comunicaciones electrónicas. A propósito de la Sentencia nº 494/2024, de 19 de julio del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección Primera.
Para leer el nuevo número de la revista de forma gratuita, haz clic aquí. En la misma, seis expertos del ámbito jurídico analizan en detalle las últimas novedades del sistema legal en España y como las nuevas tecnologías emergentes funcionan a través de ellos.
Introducción
El régimen de colaboración entre Administraciones Públicas en materia de telecomunicaciones es esencial para facilitar el despliegue de infraestructuras de redes públicas de comunicaciones electrónicas. La Sentencia nº 494/2024, de 19 de julio, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) destaca el conflicto entre la normativa urbanística autonómica y la normativa estatal en relación con el título habilitante para la instalación de estas redes.
Este artículo analiza dicha sentencia y el marco legal vigente, con especial atención a la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones (LGT), que regula los mecanismos de colaboración entre Administraciones.
El pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
Los hechos objeto de litigio
La Sentencia nº 494/2024 del TSJCV analiza la legalidad de la denegación de una declaración responsable para instalar una estación base de telecomunicaciones en suelo no urbanizable.
La Administración autonómica consideró que el título habilitante debía ser la licencia urbanística según el Decreto Legislativo 1/2021, mientras que el interesado defendía la aplicación del artículo 49 de la Ley 11/2022, que establece la declaración responsable como título válido, independientemente del tipo de suelo.
La resolución del TSJCV
El TSJCV concluye que prevalece la normativa estatal en materia de telecomunicaciones, reconociendo la declaración responsable como título habilitante suficiente.
La sentencia también distingue entre la instalación de infraestructuras (que requiere solo una declaración responsable) y las obras edificatorias, que sí necesitan licencia urbanística según la normativa autonómica.
El régimen de colaboración normativa entre Administraciones Públicas
Marco legal: La Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones
La Ley 11/2022 promueve la colaboración entre Administraciones Públicas para facilitar el despliegue de infraestructuras y establece la declaración responsable como título habilitante preferente.
Artículo 49: Colaboración en la instalación de infraestructuras
Este artículo obliga a las Administraciones a colaborar para garantizar el despliegue efectivo de las redes. Destaca que las infraestructuras de telecomunicaciones tienen carácter básico en la planificación urbanística y que, en dominio privado, no se requiere licencia previa, salvo excepciones justificadas.
Artículo 50: Mecanismos de colaboración interadministrativa
Regula la colaboración entre el Ministerio de Asuntos Económicos y las Administraciones públicas. Los informes preceptivos y vinculantes aseguran la compatibilidad de la planificación urbanística con la normativa estatal. En caso de conflicto, el Consejo de Ministros puede autorizar infraestructuras prevaleciendo sobre las determinaciones autonómicas o locales.
Reflexiones finales
La Sentencia nº 494/2024 del TSJCV refuerza la primacía de la normativa estatal en materia de telecomunicaciones.
La Ley 11/2022 prioriza la declaración responsable como título habilitante y subraya la colaboración interadministrativa para agilizar el despliegue de infraestructuras críticas.
En resumen, el legislador prioriza el interés general en telecomunicaciones, garantizando un equilibrio entre competencias estatales y autonómicas y facilitando la colaboración para alcanzar objetivos comunes en este ámbito.
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