Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial: novedades aplicables desde el 2 de agosto de 2026 e implicaciones para los operadores económicos

En «Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial: novedades aplicables desde el 2 de agosto de 2026 e implicaciones para los operadores económicos», Gil Manuel Perea Crespillo analiza la nueva fase de aplicación del Reglamento (UE) 2024/1689 de Inteligencia Artificial, conocido como AI Act o Reglamento de IA. El artículo parte de una precisión fundamental: el 2 de agosto de 2026 es la fecha general de aplicación del Reglamento, pero eso no significa que todas sus obligaciones hayan entrado en vigor al mismo tiempo.

El autor explica que el Reglamento europeo se ha diseñado con un calendario de aplicación progresiva. Algunas disposiciones empezaron a aplicarse en febrero de 2025, como las relativas a las prácticas de IA prohibidas; otras lo hicieron en agosto de 2025, entre ellas las referentes a los modelos de IA de uso general, la gobernanza, las autoridades notificantes y parte del régimen sancionador. Desde agosto de 2026 se activa una nueva fase, con especial incidencia en las obligaciones de transparencia, los mecanismos de apoyo a la innovación, la base de datos europea y la vigilancia del mercado.

Uno de los aspectos más relevantes del artículo es el análisis del régimen de sistemas de IA de alto riesgo. Aunque este constituye uno de los bloques más importantes del Reglamento, una parte sustancial de sus obligaciones materiales ha quedado aplazada. Según el texto analizado, los requisitos aplicables a determinados sistemas de alto riesgo incluidos en el anexo III no serán plenamente exigibles hasta el 2 de diciembre de 2027, mientras que los sistemas integrados en productos regulados por la legislación de armonización de la Unión del anexo I tendrán un calendario diferido hasta el 2 de agosto de 2028.

Ese aplazamiento afecta a obligaciones como la gestión de riesgos, la documentación técnica, la gobernanza de datos, la supervisión humana, la precisión, la robustez y la ciberseguridad, así como a determinadas obligaciones de proveedores, importadores, distribuidores y responsables del despliegue. Sin embargo, el artículo advierte de que el régimen de alto riesgo no queda completamente suspendido: determinadas disposiciones, mecanismos institucionales y facultades de supervisión sí forman parte ya del marco aplicable.

La parte con efectos más inmediatos para un gran número de empresas es el capítulo IV sobre obligaciones de transparencia. Estas reglas se aplican de manera transversal en función de cómo funciona el sistema de IA y de la interacción que mantiene con las personas, por lo que pueden afectar a compañías de muy distintos sectores y tamaños.

Entre estas obligaciones figura la necesidad de informar a las personas cuando están interactuando directamente con un sistema de inteligencia artificial, salvo que esa circunstancia resulte evidente. El ejemplo más claro son los chatbots, asistentes virtuales y sistemas automatizados de atención al cliente: quienes los desarrollen deberán asegurarse de que el usuario sabe que está interactuando con una IA y no con una persona.

El Reglamento introduce además obligaciones específicas para el contenido sintético generado o manipulado por IA. Los proveedores de sistemas que generen audio, imágenes, vídeo o texto deberán facilitar que esos contenidos puedan identificarse como artificiales mediante sistemas de marcado legibles por máquina, siempre dentro de los límites de viabilidad técnica y proporcionalidad establecidos por la propia norma. Estas exigencias alcanzan tanto a grandes proveedores tecnológicos como a empresas que integren estas capacidades en sus productos o servicios.

El artículo analiza asimismo las obligaciones aplicables a los sistemas de reconocimiento de emociones y categorización biométrica. Los responsables de su despliegue deberán informar a las personas afectadas y cumplir, además, con la normativa europea de protección de datos. Esto puede exigir identificar una base jurídica para el tratamiento y, dependiendo del caso, realizar una evaluación de impacto en protección de datos.

También se estudia el tratamiento de las ultrafalsificaciones o deepfakes. Cuando un sistema de IA genere o manipule imágenes, audio o vídeo que constituyan una ultrafalsificación, deberá hacerse público que el contenido ha sido creado o alterado artificialmente. Para determinados contenidos creativos, satíricos, artísticos o de ficción, el Reglamento introduce modulaciones para que el cumplimiento de la obligación no impida el disfrute de la obra.

La regulación alcanza igualmente a los textos generados por IA destinados a informar al público sobre asuntos de interés público. El artículo explica que, como regla general, deberá informarse de su origen artificial. Existe, sin embargo, una excepción cuando el contenido haya sido sometido a revisión humana o control editorial y una persona física o jurídica asuma la responsabilidad editorial de la publicación.

Estas obligaciones de transparencia deben cumplirse de forma clara, visible y comprensible, a más tardar en el momento de la primera interacción o exposición. El autor subraya que no basta con esconder la información en términos y condiciones o avisos legales de difícil acceso, lo que puede obligar a muchas empresas a revisar interfaces, incorporar etiquetas y adaptar sus procesos de publicación de contenidos generados mediante IA.

Otro bloque del artículo se dedica a las medidas de apoyo a la innovación, especialmente a los denominados regulatory sandboxes o espacios controlados de pruebas. Cada Estado miembro deberá disponer de al menos uno de estos entornos, concebidos para que empresas y desarrolladores puedan probar y validar sistemas de IA innovadores bajo supervisión de las autoridades antes de introducirlos en el mercado.

El Reglamento contempla asimismo pruebas de sistemas de IA de alto riesgo en condiciones reales, sometidas a requisitos específicos, como la elaboración de un plan de pruebas, la intervención de la autoridad de vigilancia del mercado y el consentimiento informado de los participantes cuando corresponda. También establece medidas orientadas a reducir cargas regulatorias para pymes y pequeñas empresas de mediana capitalización.

El artículo aborda además la creación de la base de datos de la Unión Europea para sistemas de IA de alto riesgo, que deberá contener información sobre determinados sistemas registrados y será accesible públicamente, salvo las secciones reservadas a las autoridades. Junto a ella se articula un régimen de seguimiento poscomercialización y vigilancia del mercado que permitirá controlar el comportamiento de los sistemas durante todo su ciclo de vida.

Las autoridades nacionales podrán acceder a documentación técnica, determinados conjuntos de datos y, cuando sea necesario, al código fuente del sistema, además de solicitar explicaciones sobre los procesos de toma de decisiones. El Reglamento configura así un modelo en el que el control previo se complementa con una supervisión continuada una vez que el sistema se encuentra en el mercado.

En sus conclusiones, el autor insiste en que el 2 de agosto de 2026 no supone la culminación del AI Act, sino el comienzo de una nueva fase. Para los operadores económicos, el efecto más inmediato está en las obligaciones de transparencia: informar sobre la interacción con sistemas de IA, identificar determinados contenidos sintéticos y definir responsabilidades claras cuando la IA interviene en procesos de comunicación o publicación.

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