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En «Sobre el acceso a los documentos. Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2026», Alberto Palomar Olmeda analiza una resolución del Tribunal Supremo sobre el acceso de terceros a documentación judicial y los requisitos que deben cumplirse cuando quien solicita ese acceso no es parte en el procedimiento. El caso parte de una petición formulada por la asociación Ius Omnibus respecto de determinados documentos obrantes en un procedimiento seguido ante la Audiencia Nacional.
La asociación solicitaba acceder, entre otros documentos, a la demanda, la contestación y los posibles informes periciales incorporados a un procedimiento relacionado con una sanción de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Alegaba que algunos consumidores podían haber sufrido daños derivados de la conducta sancionada y que la documentación podía resultar útil para preparar futuras acciones de reclamación.
La solicitud había sido rechazada inicialmente por la Letrada de la Administración de Justicia y posteriormente por la Audiencia Nacional y el Consejo General del Poder Judicial. La razón principal era que, aunque podía apreciarse un interés general de la asociación en la defensa de los consumidores, no se había acreditado un interés directo y suficientemente concreto en el procedimiento judicial específico.
El artículo sitúa el debate en torno al principio de publicidad de las actuaciones judiciales. El Tribunal Supremo recuerda que la publicidad constituye la regla general y que las limitaciones al acceso deben interpretarse restrictivamente. Sin embargo, esa regla no implica un derecho ilimitado de cualquier tercero a consultar todos los documentos de un procedimiento judicial.
Para quienes no son parte en un proceso, los artículos 234 y 235 de la Ley Orgánica del Poder Judicial exigen acreditar un interés legítimo y directo. Según la doctrina recogida en la sentencia, ese interés debe traducirse en una conexión concreta y singular con el objeto del procedimiento o con alguno de los documentos cuyo acceso se solicita.
El Tribunal Supremo distingue además entre dos conceptos que pueden confundirse: la legitimación para intervenir o promover un proceso judicial y la legitimación necesaria para acceder, como tercero, a documentos de otro procedimiento. El hecho de que una asociación pueda estar habilitada para ejercer acciones colectivas en defensa de consumidores no significa automáticamente que tenga derecho a examinar actuaciones judiciales ajenas.
Esta distinción resulta especialmente relevante para asociaciones y entidades que actúan en defensa de intereses colectivos. La mera existencia de unos fines estatutarios relacionados con la protección de consumidores no basta por sí sola. Es necesario demostrar una relación más inmediata con el procedimiento concreto y justificar por qué el acceso a los documentos solicitados resulta útil para el interés invocado.
El acceso de terceros está sujeto, además, a otras garantías. No alcanza a los documentos declarados secretos o reservados y debe respetar la protección de datos personales, la intimidad y los derechos de las personas afectadas, recurriendo cuando proceda a medidas como la anonimización o la disociación de datos.
En el caso examinado, el Tribunal Supremo considera que la asociación no acreditó suficientemente esa conexión directa. No demostró que alguno de sus asociados hubiera resultado efectivamente afectado por la conducta objeto del procedimiento ni explicó con suficiente precisión qué utilidad concreta tendría el acceso a la demanda y a la contestación para preparar futuras reclamaciones.
La sentencia introduce así una diferencia entre un interés real y actual y otro meramente potencial. Que en el futuro puedan plantearse acciones judiciales o que una entidad tenga entre sus fines la defensa de determinados colectivos no convierte automáticamente ese interés potencial en título suficiente para acceder a las actuaciones de un proceso del que no es parte.
El artículo concluye que la resolución resulta especialmente útil para delimitar el alcance de la publicidad judicial frente a las solicitudes de terceros: la publicidad sigue siendo el principio general, pero el acceso a documentos concretos requiere justificar una relación suficientemente individualizada con el procedimiento y respetar los límites derivados de la confidencialidad y de la protección de datos.
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