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Resumen y claves de la recensión del libro de Gardini (RAICA nº3, 2025) sobre cómo controlar jurídicamente las decisiones algorítmicas en la Administración pública: transparencia, garantías procedimentales, control judicial y responsabilidad.
La jornada organizada por CEOE y DigitalES abordó cómo introducir IA en la empresa con seguridad y eficiencia: ciberseguridad aplicada a IA, Small Language Models y visión institucional.
La Comisión Europea ha publicado el primer borrador del Código voluntario para cumplir las obligaciones de transparencia del art. 50 del Reglamento de IA: marcado legible por máquina y etiquetado de deepfakes y textos de interés público. Previsto para junio de 2026.
La AEPD ha publicado una política interna para desplegar y usar IA generativa en sus procesos administrativos. El documento fija objetivos, casos de uso, análisis de riesgos y un modelo de gobernanza con políticas (datos, transparencia, explicabilidad, resiliencia, ciberseguridad) y procedimientos de control.
La Comisión Europea ha publicado el primer informe anual sobre interoperabilidad en la Unión (COM/2025/860). Analizamos qué mide, qué avances destaca desde 2025 y qué prioridades marca para 2026 en servicios públicos digitales transfronterizos.
El TJUE fija un criterio práctico para videovigilancia móvil: cuando una cámara corporal obtiene datos por observación, la obligación de informar se rige por el art. 13 RGPD (en el momento de la obtención), evitando “vigilancia encubierta”. Se admite un enfoque multinivel (señal + info ampliada).
El TJUE eleva el estándar RGPD para los mercados en línea: si hay datos sensibles en anuncios, ya no vale una postura “reactiva”. Toca identificar, verificar identidad/consentimiento y aplicar medidas de seguridad antes de publicar.
España quiere consolidarse como hub estratégico de centros de datos, pero el despliegue se enfrenta a barreras regulatorias: permisos complejos, exigencias energéticas y acceso limitado a capacidad de red. Analizamos la paradoja y las claves para un marco coherente.
La STS de 25/06/2024 (rec. 7845/2022) revisa hasta dónde puede llegar la Inspección Tributaria al acceder a información en dispositivos, servidores y repositorios en la nube. El Supremo refuerza la exigencia de motivación, necesidad y proporcionalidad en la autorización judicial, especialmente ante accesos masivos o “volcados”
El editorial del director pone el acento en la ponderación y la proporcionalidad cuando las potestades públicas (y también ciertas potestades privadas) acceden a información: alerta del “principio de facilidad” (obtenerlo todo y filtrar después)