Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Normativa Europea y la Obligación de Interceptación de Comunicaciones: Comentario a la Sentencia del 16 marzo 2023 TJUE. Asunto C‑339/21

Normativa Europea y la Obligación de Interceptación de Comunicaciones: Comentario a la Sentencia del 16 marzo 2023 TJUE. Asunto C‑339/21

Este blog ofrece una vista preliminar del artículo de Gil Manuel Perea sobre la Sentencia del 16 marzo 2023 TJUE. Asunto C‑339/21, para la revista "ELEX INSIGHT".

El 16 de marzo de 2023, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió una sentencia de gran relevancia sobre la obligación de los operadores de telecomunicaciones de interceptar comunicaciones a solicitud de autoridades judiciales. En este artículo, introducimos el contenido y las implicaciones de esta sentencia.

En este artículo, te ofrecemos un acercamiento al artículo elaborado por Gil Manuel Perea Crespillo Abogado Asociado del área de Derecho Público de BROSETA, para el primer número de la Revista Digital «ELEX INSIGHT«. Puedes acceder al artículo completo en este enlace, donde seis profesionales del sector abordan en detalle el complejo mundo del régimen jurídico y su gestión administrativa.

Sumario del artículo

Con objeto de su lectura íntegra, incluimos un breve resumen de los puntos clave abordados en el artículo de Gil Manuel Perea Crespillo, siendo este el índice de contenido utilizado por dicho profesional del derecho:

I. CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LA SENTENCIA

En marzo de 2023, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) resolvió una cuestión prejudicial planteada en el contexto de varios litigios entre diversas empresas de telecomunicaciones (Vodafone Italia, Telecom…) contra el Estado italiano con motivo de una normativa nacional que, a cambio de un importe anual a tanto alzado obligaba a todos los operadores de telecomunicaciones activos en el territorio nacional a realizar, a requerimiento de las autoridades judiciales, prestaciones de interceptación de telecomunicaciones.

1. Cuestión prejudicial, contenido del precepto discutido y vía judicial nacional

La cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea giró en torno al artículo 96 del Código de las Comunicaciones Electrónicas italiano, que establece la obligación de los operadores de telecomunicaciones de realizar interceptaciones de comunicaciones, pero con un importe fijo que las empresas demandantes consideraban insuficiente. Esto se agravó tras una reducción del 50% en los reembolsos según un Decreto de 2017.

Aunque los tribunales italianos no hallaron suficiente prueba en los recursos presentados, una sentencia parcialmente favorable a una determinada empresa desencadenó la cuestión prejudicial, la cual se centró en si la normativa nacional infringía la Directiva 2018/1972 de la UE al no exigir el reembolso completo de los costes a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas involucrados en la interceptación legal de comunicaciones.

2. Análisis del TJUE de los artículos a interpretar de la Directiva 2018/1972

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) analizó el artículo 13 de la Directiva 2018/1972, que establece condiciones para la autorización de servicios de comunicaciones electrónicas, sin mencionar la obligación de reembolsar costos por actividades legales.

El TJUE determinó que los Estados tienen margen de decisión en este aspecto y que la Directiva no impone tal obligación. Además, consideró que las tarifas establecidas en la normativa italiana son similares para todos los operadores, basadas en criterios proporcionales y transparentes. El TJUE afirmó que los Estados pueden reducir los reembolsos para reducir el gasto público, siempre que la normativa sea no discriminatoria, proporcional y transparente, de acuerdo con los objetivos generales de la Directiva.

3. Respuesta a la cuestión prejudicial

El Tribunal Europeo responde a la cuestión prejudicial indicando que el artículo 13 de la Directiva 2018/1972, interpretado junto con el artículo 3, no se oponen a una normativa nacional que no requiera el reembolso completo de los costos incurridos por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas al permitir la interceptación legal de comunicaciones por las autoridades competentes, siempre que esta normativa sea no discriminatoria, proporcionada y transparente. Esto significa que la Directiva no exige que los Estados miembros impongan dicho reembolso integral a los proveedores cuando actúan por obligación legal para satisfacer requerimientos de interceptación de comunicaciones de la Administración de Justicia.

II. DE LAS CONCLUSIONES PREVIAS ALCANZADAS POR EL ABOGADO GENERAL

El Abogado General mencionado para en el objeto de análisis, Michel Collins, llega a conclusiones que concuerdan con las del Tribunal Europeo en relación con la interpretación de la Directiva 2018/1972. Destaca que la Directiva permite a los Estados miembros exigir a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas facilitar la interceptación de comunicaciones por las autoridades competentes sin imponerles expresamente el reembolso de los costos asociados.

Respecto a la primera interrogante sobre el significado de «permiso de interceptación legal», sugiere que puede implicar tanto facilitar la infraestructura para la interceptación como ejecutar las actividades de interceptación bajo las instrucciones de las autoridades. Además, argumenta que la normativa nacional no es discriminatoria ni desproporcionada, ya que los proveedores están sujetos a las mismas obligaciones independientemente de su tamaño o nacionalidad, y la compensación económica puede ser legítima para reducir los costos públicos. Finalmente, rechaza la aplicación del principio de reembolso íntegro de los costos de los servicios universales a la interceptación legal de comunicaciones, ya que esta no se considera un servicio universal y no hay justificación para aplicar este principio por analogía.

III. LA NORMATIVA ESPAÑOLA EN MATERIA DE ABONO DE COSTES DE INTERCEPTACIÓN.

La Ley 11/2022, General de Telecomunicaciones, establece la obligación de interceptación legal para los operadores que proveen redes públicas de comunicaciones electrónicas o servicios de comunicaciones interpersonales basados en numeración pública o acceso a internet, según lo autorizado por la autoridad judicial. Esta obligación, derivada de la legislación española, se considera una prestación personal obligatoria, enmarcada dentro de los límites constitucionales y justificada por el orden público y la colaboración con la justicia.

El Real Decreto 424/2005 desarrolla estas disposiciones, estableciendo los requisitos técnicos y operativos para la interceptación legal, así como el procedimiento y las medidas que los operadores deben adoptar. En relación con el abono de costos, el reglamento establece que los operadores tienen derecho a que se les abonen los gastos en los que hayan incurrido por el uso de canales de comunicación necesarios para la interceptación, excluyendo los costos de equipamiento específico. Esto se refleja en la Orden ITC/313/2010, que detalla los requisitos y el abono de costos para los canales de comunicación entre los sujetos obligados y los agentes facultados para la interceptación legal del tráfico de telecomunicaciones.

III. CONCLUSIONES.

La sentencia analizada destaca que el Derecho de la Unión Europea no impone una obligación de resarcimiento a los operadores de telecomunicaciones por cumplir con los requerimientos judiciales de interceptación legal de las comunicaciones.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sostiene que no le corresponde al derecho comunitario establecer el criterio para fijar el resarcimiento, sino que esto queda bajo la competencia de las autoridades nacionales, siempre y cuando se respeten los principios de no discriminación, proporcionalidad y transparencia. Sin embargo, la colaboración en la interceptación es una obligación impuesta por las instituciones comunitarias, pudiendo ser realizada directamente por los operadores o mediante la cesión de infraestructuras, en aras de la seguridad, el orden público y la colaboración con la justicia.

Esta obligación ha sido asumida por el ordenamiento jurídico nacional, que establece la disposición de infraestructuras por parte de los operadores, aunque solo se resarza el costo derivado del tráfico telefónico o de datos, excluyendo los gastos por equipamiento específico, que deben ser cubiertos por los propios operadores.

Lee ahora el artículo completo de Gil Manuel Perea Crespillo

Lo anterior es solo una muestra resumida del contenido que puedes encontrar en el primer número de la Revista Digital «ELEX INSIGHT«. Para acceder al artículo de Gil Manuel Crespillo al completo, haz clic en el siguiente enlace:

Revista Digital ENERO 2023

🡡 Haz clic para leer 🡡

Y si quieres experimentar la diferencia que eLex puede hacer en tu práctica legal, solicite ahora tu Demo este enlace o agenda una reunión con nuestros expertos para resolver cualquier duda sobre el mismo.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *