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sentencia 83/2023 libertad de expresión en medios digitales

¿Debe modularse la amplitud de la libertad de expresión en medios digitales y redes sociales? Comentario a la sentencia 83/2023 del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional clarifica los límites del ejercicio de la libertad de expresión en internet, resaltando que no se amplían por el uso de medios digitales o redes sociales. Un análisis detallado de la sentencia 83/2023.

En este artículo, te ofrecemos una vista preliminar del estudio elaborado por Gonzalo Villar Roldán, Abogado en Broseta Abogados para el área de Derecho Público y Sectores Regulados, para el primer número de nuestra Revista Digital «ELEX INSIGHT«.

Para leer el artículo completo, haz clic aquí. En este artículo, disponible en la edición de enero de 2024, seis expertos del ámbito analizan detalladamente el complejo panorama del régimen jurídico y su gestión.

Sumario del artículo

Como vista preliminar de su aportación, disponible de forma íntegra en la revista, incluimos en este blog un breve resumen de los puntos clave abordados en el artículo de Gonzalo Villar, siendo este el índice de contenido propuesto por el autor:

I. Cuestiones previas:

  1. Recurso de amparo.
  2. Origen y transcurso del proceso.
  3. Interposición del recurso de amparo.
  4. Admisión del recurso y especial trascendencia constitucional.

II. Examen de las diferentes cuestiones:

  1. Objeto de la controversia del proceso de amparo.
  2. Doctrina general de la libertad de expresión y del derecho al honor.
  3. Conflicto entre ambos derechos fundamentales en este caso.
  4. Derecho a la tutela judicial efectiva.

III. Valoración de la sentencia.

IV. Conclusiones:.

1.- Cuestiones previas

El 4 de julio de 2023, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) resolvió el recurso de amparo interpuesto por Menéame Comunicaciones, S.L. contra la providencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Esta providencia había inadmitido el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto contra una sentencia dictada por la misma Sala del Tribunal Supremo.

Cabe mencionar que dicha sentencia desestimaba un recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, la cual había satisfecho las demandas del político insultado en perjuicio de la mencionada mercantil. Este episodio marca el inicio de un proceso legal complejo que pone en entredicho el equilibrio entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor.

2.- Examen de las diferentes cuestiones

El Tribunal Constitucional (TC) delimita el objeto de la controversia en torno a la libertad de expresión, específicamente relacionado con comentarios introducidos por terceros usuarios en el sitio web de Menéame Comunicaciones, S.L. Aunque la entidad se presenta como un «mero agregador de contenidos de internet«, el TC considera que su actividad no es neutra y que participa en el proceso comunicativo, por lo que se le exige responsabilidad conforme al artículo 16 de la LSSI. Se destaca la colisión de valores jurídicamente protegidos durante el proceso, como el derecho al honor y la libertad de expresión.

La jurisprudencia constitucional resalta la importancia institucional de la libertad de expresión para la formación de una opinión pública libre, pero también establece límites para el ejercicio de la crítica, especialmente cuando se dirige a figuras públicas. En el ámbito de internet, el TC analiza la necesidad de equilibrar los derechos colisionados, considerando la proliferación de difamaciones y expresiones injuriosas en línea, así como la dificultad para establecer controles previos a la difusión de comunicaciones digitales.

A pesar de conceder cierto margen a la libertad de expresión, el TC concluye que la Constitución no ampara expresiones absolutamente vejatorias y reafirma que «no reconoce un pretendido derecho al insulto«. Finalmente, deniega el recurso de amparo solicitado por Menéame Comunicaciones, S.L., responsabilizándola como intermediario en internet por no eliminar expresiones que vulneraban el derecho al honor del político afectado.

3.- Valoración de la sentencia

El Tribunal Constitucional (TC) delimita el objeto de la controversia en torno a la libertad de expresión, específicamente relacionado con comentarios introducidos por terceros usuarios en el sitio web de Menéame Comunicaciones, S.L. Aunque la entidad se presenta como un «mero agregador de contenidos de internet«, el TC considera que su actividad no es neutra y que participa en el proceso comunicativo, por lo que se le exige responsabilidad conforme al artículo 16 de la LSSI. Se destaca la colisión de valores jurídicamente protegidos durante el proceso, como el derecho al honor y la libertad de expresión.

La jurisprudencia constitucional resalta la importancia institucional de la libertad de expresión para la formación de una opinión pública libre, pero también establece límites para el ejercicio de la crítica, especialmente cuando se dirige a figuras públicas. En el ámbito de internet, el TC analiza la necesidad de equilibrar los derechos colisionados, considerando la proliferación de difamaciones y expresiones injuriosas en línea, así como la dificultad para establecer controles previos a la difusión de comunicaciones digitales.

A pesar de conceder cierto margen a la libertad de expresión, el TC concluye que la Constitución no ampara expresiones absolutamente vejatorias y reafirma que «no reconoce un pretendido derecho al insulto«. Finalmente, deniega el recurso de amparo solicitado por Menéame Comunicaciones, S.L., responsabilizándola como intermediario en internet por no eliminar expresiones que vulneraban el derecho al honor del político afectado.

4.- Conclusiones

En resumen, esta sentencia, aunque no sea especialmente novedosa, resulta fundamental para aclarar y confirmar los límites constitucionales del derecho a la libertad de expresión. Aunque mantiene la continuidad con la doctrina previa, su relevancia radica en la confirmación de que, incluso en el ámbito digital, no se amplía el derecho a la libertad de expresión, que ya goza de una consideración amplia por sí solo en la jurisprudencia. Sin embargo, cabe destacar que la sentencia incluye un voto particular, que presenta un enfoque revolucionario, discrepando tanto en la valoración de las expresiones utilizadas como en la reflexión sobre la titularidad de derechos fundamentales en el contexto de internet.

El voto disidente cuestiona profundamente la titularidad del derecho constitucional a la libertad de expresión en relación con el impacto de internet en los derechos y libertades individuales, así como en la controversia sobre la titularidad de estos derechos por parte de empresas tecnológicas. Además, introduce una reflexión moderna y novedosa sobre la naturaleza jurídica de los «intermediarios de internet», sugiriendo que entidades como Menéame Comunicaciones deberían ser consideradas personas jurídicas de interés general. Esta perspectiva innovadora plantea que estas empresas sean tratadas jurídicamente de manera similar a las personas jurídicas de derecho público, lo que tendría implicaciones significativas para todos los actores, tanto jurídicos como individuales, en el ámbito de internet.

Lee ahora el artículo completo de Gonzalo Villar

Este blog solo recoge una muestra resumida del contenido que puedes encontrar en el primer número de la Revista Digital «ELEX INSIGHT«. Para acceder al artículo de Gonzalo Villar Roldán al completo, haz clic en el siguiente enlace:

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