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El régimen jurídico del procedimiento electrónico. Revista Digital Sistemaelex

El régimen jurídico del procedimiento electrónico

Conoce la regulación y evolución normativa del régimen jurídico del procedimiento electrónico en la Revista Digital gratuita creada por SistemaELEX.

En este artículo, te ofrecemos una vista preliminar al artículo escrito por Albero Palomar Olmeda, profesor titular de derecho administrativo, magistrado de lo contencioso-administrativo (EV), abogado y socio de Broseta, para el segundo número de la Revista Digital «ELEX INSIGHT«.

Para leer la publicación completa, haz clic aquí. En este artículo, disponible en la edición de marzo de 2024, seis expertos del ámbito analizan en detalle el complejo panorama del régimen jurídico y las últimas tecnologías aplicadas al mismo.

Sumario del artículo

El artículo escrito por Alberto Palomar Olmeda analiza la regulación establecida en España para la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los procedimientos administrativos. Para ello, se examina la evolución de la normativa, se define el marco conceptual pertinente y se destacan los aspectos fundamentales del régimen vigente, que se encuentran establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Sector Público. Además, se complementa con disposiciones reglamentarias, como el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, que aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público mediante medios electrónicos.

Como vista preliminar de su aportación, disponible de forma íntegra en la revista, incluimos en este blog un breve resumen de los puntos clave abordados en el artículo de Alberto Palomar, siendo este el índice de contenido propuesto por el autor:

  1. El punto de partida: ¿de donde venimos?.
    • 1.1.- El entorno normativo.
    • 1.2.- Un intento de sistematización conceptual sobre el que asentar el estudio.
  2. ¿Dónde nos hemos situado: la Ley 39/2015, de 1 de octubre?: la relación electrónica como un derecho.
  3. Algunas regulaciones concretas de la relación electrónica.
    • 3.1.- Los registros de apoderamientos.
    • 3.2.- La identificación electrónica.
    • 3.3.- Los registros y su régimen jurídico.
    • 3.4. El archivo de los documentos.
    • 3.5.- El cómputo de los plazos en los procedimientos administrativos.
    • 3.6.- La introducción de la posibilidad de tramitación de urgencia de los procedimientos.
  4. El establecimiento previo de las condiciones de automatización como garantía formal en la actuación administrativa.

1.- El punto de partida

El punto de partida de este estudio se encuentra en el proceso de integración de la tecnología en los trámites administrativos, un fenómeno que ha sido impulsado tanto por el avance tecnológico como por la evolución de las interacciones sociales. Esta transformación ha requerido cambios normativos que adapten las prácticas administrativas a las nuevas posibilidades tecnológicas y establezcan pautas para la convivencia entre el ámbito electrónico y el convencional.

La introducción de las nuevas tecnologías en el ámbito administrativo se remonta al artículo 45 de la Ley 30/1992, que promovía su utilización por parte de la Administración. Sin embargo, el verdadero impulso normativo se produjo con la Ley 11/2007, que reconoció la existencia de la realidad tecnológica y estableció regulaciones sobre los derechos de los ciudadanos, la organización electrónica y la seguridad. Estas normativas han ido transformando gradualmente la realidad del procedimiento administrativo, aunque la reflexión sobre los desafíos jurídicos ha sido más lenta.

La regulación actual se basa principalmente en la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015, que establecen el marco para el Procedimiento Administrativo Común y el Sector Público, respectivamente. Además, se complementa con el Real Decreto 203/2021, que detalla el funcionamiento del sector público mediante medios electrónicos. Este marco normativo busca equilibrar la eficiencia tecnológica con la seguridad jurídica, reflexionando sobre el modelo actual y sus implicaciones en los procedimientos administrativos.

2.- ¿Dónde nos hemos situado: la Ley 39/2015, de 1 de octubre?: la relación electrónica como un derecho.

En el marco de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), se produce una unificación normativa que fusiona aspectos de la Ley 30/1992 y la Ley 11/2007. Este cambio legislativo busca conjugar el derecho a la elección de la forma de relación con la Administración y fomentar el uso de medios electrónicos.

En cuanto al derecho a la elección, el artículo 14 de la LPACAP establece que las personas físicas pueden decidir si se relacionan electrónicamente con la Administración o no, salvo que estén obligadas a hacerlo electrónicamente. Sin embargo, esta opción se ve cada vez más limitada debido a la tendencia generalizada hacia la relación electrónica, incluso mediante la conversión de derechos no electrónicos en obligaciones electrónicas.

Además, el artículo 12 de la LPACAP establece la obligación de las Administraciones Públicas de proporcionar asistencia personal para el uso de medios electrónicos, garantizando así que los interesados puedan relacionarse de forma electrónica y teniendo a su disposición los canales de acceso necesarios.

3.- Algunas regulaciones concretas de la relación electrónica

En cuanto a las regulaciones concretas de la relación electrónica con la Administración, se destaca la tendencia hacia el desarrollo de procedimientos administrativos de forma electrónica como un derecho del ciudadano, aunque este pueda optar por la relación en papel. Es crucial que este derecho pueda ejercerse tanto con los propios medios del interesado como con los de la Administración, lo que implica una nueva obligación para esta última de proveer los recursos necesarios. Se abordan aspectos como los registros de apoderamientos, la identificación electrónica y los registros administrativos, buscando garantizar la eficiencia y transparencia de los procedimientos.

En el caso de los registros de apoderamientos, se establece un sistema electrónico que permite gestionar las representaciones otorgadas a terceros para actuar en nombre de los interesados ante la Administración. Esto se formaliza y gestiona a través del registro electrónico de apoderamientos, asegurando así una adecuada representación en el ámbito de la Administración electrónica. Además, se establece la obligación de inscribir los poderes, su duración máxima y la posibilidad de revocación.

En cuanto a la identificación electrónica, se establece la obligación de verificar la identidad de los interesados en procedimientos presenciales y electrónicos, permitiendo distintos sistemas de identificación reconocidos por las Administraciones. Se regula también el uso obligatorio de la firma electrónica en ciertas acciones, garantizando la autenticidad y la integridad de los documentos. Todo ello busca modernizar la gestión documental y agilizar los procesos administrativos mediante el uso de medios electrónicos.

4.- El establecimiento previo de las condiciones de automatización como garantía formal en la actuación administrativa.

El establecimiento previo de las condiciones de automatización es un aspecto central en la actuación administrativa electrónica. Se busca equilibrar los beneficios de la automatización con la necesidad de establecer garantías formales. La LRJSP establece la obligación de definir las especificaciones, programación, mantenimiento y control de calidad de los sistemas de información, así como el órgano responsable de estos aspectos, en los casos de actuación administrativa automatizada.

La LRJSP no limita los casos en los que se puede considerar la actuación automatizada, lo que implica que cualquier trámite en el que no intervenga directamente un empleado público puede ser automatizado. Esto significa que la automatización puede afectar a todos los actos relacionales, de instrucción o de resolución del procedimiento administrativo, incluso sustituyendo el juicio del empleado público por sistemas de inteligencia artificial.

Este requisito de establecimiento previo de las condiciones de automatización tiene implicaciones jurídicas y formales significativas, pues invierte las reglas de la prueba en la revisión jurisdiccional. Además, la incorporación de la inteligencia artificial plantea nuevos desafíos y probablemente requerirá reformas adicionales para determinar los límites de su utilización y la responsabilidad de las autoridades. La automatización, en tanto marco facilitador, permite diversos esquemas de utilización o sustitución del funcionario, siempre que se identifiquen formalmente las características de los procesos a automatizar para articular mecanismos de defensa y control adecuados.

Lee ahora el artículo completo de Alberto Palomar Olmeda

Este blog solo recoge una muestra resumida del contenido que puedes encontrar en el segundo número de la Revista Digital «ELEX INSIGHT«. Para acceder al artículo de Albero Palomar Olmeda al completo, haz clic en el siguiente enlace:

Revista Digital MARZO 2023

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