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En la recensión de Simplificación administrativa y transformación digital en las Administraciones públicas, de María Teresa Cantó López, Ramón Terol Gómez analiza una obra que aborda uno de los grandes retos actuales del Derecho Administrativo: cómo simplificar la actuación de las Administraciones sin reducir esa transformación a una mera digitalización de trámites ya existentes.
La obra parte de una idea fundamental: digitalizar no equivale necesariamente a simplificar. Es posible trasladar al entorno electrónico procedimientos, cargas y disfunciones de la Administración tradicional sin modificar realmente la lógica con la que esta actúa. La simplificación exige revisar procedimientos, eliminar exigencias innecesarias, reorganizar estructuras y utilizar la tecnología para mejorar la relación entre Administración y ciudadanía.
Desde esta perspectiva, la autora se aleja de una visión puramente tecnológica de la Administración digital. Su análisis es esencialmente jurídico-administrativo y se centra en cómo la transformación tecnológica afecta a los principios de actuación, la organización, los procedimientos, los derechos de los ciudadanos y los mecanismos de responsabilidad. La simplificación se vincula así no solo con la eficiencia, sino también con la buena administración y la buena regulación.
Uno de los elementos centrales del libro es una concepción amplia de la simplificación administrativa, entendida como un conjunto de técnicas normativas, organizativas y procedimentales destinadas a reducir cargas innecesarias o desproporcionadas sin comprometer los fines públicos. Esta simplificación tiene una doble dimensión: internamente, obliga a revisar cómo funciona la propia Administración; externamente, busca hacer menos gravosa la relación de ciudadanos y empresas con los poderes públicos.
La monografía, de 262 páginas y siete capítulos, recorre de forma sistemática los principales ámbitos afectados por esta transformación. Comienza con el concepto general de simplificación y su conexión con la transformación digital, continúa con la planificación y organización de estas políticas y analiza después los instrumentos de simplificación normativa y procedimental. A partir de ahí, profundiza en el gobierno del dato, la interoperabilidad, la actuación administrativa automatizada, la robotización y la inteligencia artificial.
La obra dedica además atención específica a la Administración local y a la potestad sancionadora, dos ámbitos que permiten comprobar que la simplificación administrativa no es una cuestión puntual, sino una transformación que afecta al sistema administrativo en su conjunto.
Un papel destacado corresponde a la experiencia de la Comunitat Valenciana, especialmente a la Ley 6/2024, de 5 de diciembre, de simplificación administrativa de la Generalitat y a su desarrollo reglamentario. Esta normativa funciona como un auténtico banco de pruebas para analizar cómo una política de simplificación puede traducirse en estructuras, órganos, planes y mecanismos concretos de coordinación.
El libro subraya también la importancia de la organización administrativa. Muchas reformas fracasan no por falta de normas, sino por la ausencia de estructuras capaces de aplicarlas de manera transversal. La gestión del dato, la revisión de procedimientos y la digitalización desbordan con frecuencia los límites de una sola unidad administrativa, por lo que la coordinación entre responsables jurídicos, técnicos y funcionales se convierte en un elemento esencial.
Otro de los núcleos de la obra es la relación entre simplificación y calidad normativa. La reducción de cargas no empieza cuando el ciudadano inicia un procedimiento, sino antes, en el momento en que la norma crea obligaciones, documentos y autorizaciones. Por eso la Memoria del Análisis de Impacto Normativo adquiere una función relevante como instrumento para evaluar si una regulación genera cargas justificadas o innecesarias.
En el plano procedimental, la obra analiza herramientas como la normalización de formularios, el rediseño de procedimientos, la reducción de plazos, la revisión del silencio administrativo, la prestación proactiva de servicios, la carpeta ciudadana y la gestión por procesos. Todas ellas responden a una misma idea: el procedimiento administrativo no debe considerarse una estructura inmutable, sino un sistema susceptible de revisión permanente.
Especial importancia adquieren el gobierno del dato y la interoperabilidad. Una Administración capaz de reutilizar de forma lícita la información que ya posee puede evitar que el ciudadano tenga que presentar repetidamente los mismos documentos y puede prestar servicios de forma más proactiva. Sin embargo, esta capacidad exige reforzar al mismo tiempo la protección de datos, la trazabilidad de accesos y la seguridad de la información.
La obra aborda también la actuación administrativa automatizada, la robotización y la inteligencia artificial, distinguiendo entre fenómenos que con frecuencia se confunden. El análisis pone de relieve tanto las posibilidades que ofrecen estas tecnologías como los riesgos que plantean desde la perspectiva de los derechos y garantías de los administrados.
La autora dedica igualmente atención al lenguaje claro, entendido como una parte esencial de la simplificación. Una Administración no puede considerarse verdaderamente accesible si mantiene formularios, requerimientos o resoluciones que resultan incomprensibles para los ciudadanos. Simplificar implica también hacer más comprensible la actuación administrativa.
La recensión concluye valorando la obra como una aportación relevante para entender hacia dónde evoluciona el Derecho Administrativo. Su principal virtud radica en presentar la simplificación como una política pública integral que combina organización, procedimiento, regulación, datos, tecnología y garantías jurídicas, y no como una simple reducción de trámites.
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